www.lavanguardia.mobi

Discrepancias en el PP sobre el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas

Carmen del Riego | 04/11/12

Con Esperanza Aguirre se marchó la voz discordante entre los barones autonómicos del PP sobre el modelo territorial español. Nadie discute la vigencia del Estado de las autonomías, aunque todos sean partidarios de hacerlo más eficiente y sobre todo, evitar duplicidades. La tesis defendida hasta hace muy poco por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que había que ir a una recentralización, y su predisposición da devolver competencias a la Administración central ya sólo la defiende la Faes, fuera del PP y del Gobierno. Nadie en la dirección popular, empezando por Mariano Rajoy, defiende la reforma que plantea José María Aznar, de ir a una recentralización en respuesta a las demandas independentistas, como tampoco defenderían, ni creen que sea oportuno que mañana la fundación del expresidente del Gobierno se vaya a Barcelona a presentar en el Círculo Ecuestre un documento sobre el "pretendido expolio a Catalunya".

Pero aunque el modelo es compartido por todos en su actual estructura, y todos son partidarios de hacerlo más racional para hacerlo más eficiente, lo que quiere decir hacer un claro reparto de competencias para que no haya duplicidades, los barones del PP tienen intereses muy dispares según el territorio, y esas diferencias se ponen de relieve, sobre todo, cuando se habla de dinero, es decir, de la financiación de los servicios que prestan las comunidades autónomas.

Una discusión que se traduce en presiones sobre el presidente del Gobierno, que ha visto además como el Partido Popular ha pasado de ser un partido centralista, o como dicen algunos en el PP, un partido madrileño en la época de José María Aznar, a un partido donde los territorios tienen un peso específico y dictan, en la mayoría de los casos, las políticas a seguir en cada uno de los asuntos que tienen que ver con el Estado de las autonomías.

LA GUERRA DE LA FINANCIACIÓN

Población contra territorio

El lema del PP ha sido siempre, sobre todo cuando se trataba de contrarrestar las quejas de Catalunya por la balanza fiscal, que quienes pagan son los ciudadanos, no los territorios. Pero no ocurre lo mismo a la hora del reparto del dinero, ya que no sólo se tiene en cuenta la población, sino la dispersión de esa población, además de otras variables poblacionales.

Y ese modelo de financiación autonómico, al que le queda un año de vigencia, es el principal motivo de disputa entre los presidentes de las comunidades autónomas que pertenecen al PP.

Mariano Rajoy tiene que pelear ahora con dos bloques muy sólidos y muy definidos sobre la reforma del sistema de financiación: quienes quieren acelerar y adelantar esa reforma, por considerar que el actual modelo les perjudica, y quienes se sienten a gusto con la actual distribución. Se trata de dinero, al fin y al cabo, por lo que el presidente del Gobierno puede encontrarse con que las peleas entre comunidades no respondan a cuestiones ideológicas o del partido que las gobierna, sino de dinero.

En un lado están los presidentes de las comunidades más pobladas, con los de Madrid, Ignacio González; Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y Baleares, José Ramón Bauza, que se sienten perjudicados por el sistema. Pertenecen a comunidades con mucha población y poco territorio. Todo lo contrario de lo que ocurre en Castilla y León, Extremadura o Galicia, cuyos presidentes, Juan Vicente Herrera, José Antonio Monago y Alberto Núñez Feijóo, no tienen ninguna prisa en modificarlo, aunque no les guste, y prefieren esperar a que toque el turno.

LA PELEA DE LAS INVERSIONES

Conseguir las migajas

También las inversiones del Estado en las comunidades autónomas han creado dos bloques de presidentes en el PP. Los presidentes de Baleares, Valencia y Aragón han puesto el grito en el cielo cuando han visto que lo que se les reducía era muy superior a la media, un 30 por ciento en vez del 16 por ciento que les tocaba a las demás. Entre ellos, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, fue la que salió mejor parada, ya que su dependencia del PAR para mantener el Gobierno hizo que se presentaran enmiendas a los presupuestos, que palían un poco esa discriminación.

El más beligerante de los presidentes autonómicos ha sido Alberto Fabra, que ha llegado a declararse "agraviado" por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, aunque ha sido el presidente del PP en Valencia, Alfonso Rus, quien ha llamado a la rebelión y a "plantar cara" al Ejecutivo central. El reparto del dinero, de nuevo, le puede crear problemas políticos al presidente Rajoy.

CATALUNYA

La ley y el diálogo

El modelo autonómico, finalmente tiene otro frente que ha suscitado diferentes puntos de vista sobre cómo se debe de actuar en el PP y en el Gobierno. Son dos líneas claras, una, que estaría representada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que considera que la ley, y su estricta aplicación, es suficiente para abordar el problema creado con el desafío soberanista planteado por el president de la Generalitat, Artur Mas. Así, en caso de que la Generalitat convocara un referéndum sin el consentimiento del Estado, este lo impugnaría ante el Tribunal Constitucional, que de inmediato decretaría su suspensión. Desde ahí, hasta la suspensión, como caso extremo, de la autonomía en Catalunya, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, sería necesaria para resolver el problema.

La otra línea, en la que coinciden Mariano Rajoy y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y el vicesecretario de política territorial, Javier Arenas, plantea una línea más abierta al diálogo y a explicar a los ciudadanos las consecuencias de una decisión de este tipo.

Más información