El Gobierno mantendrá el retraso de la edad de jubilación obligatoria, pero no a los 67 años
El Gobierno mantendrá su objetivo de retrasar la edad de jubilación obligatoria por ley. No obstante, buscará una fórmula que permita el consenso. "En un proceso de negociación las propuestas no se retiran, se modifican. El Gobierno ha presentado sus propuestas y la base final del acuerdo será un escenario común encontrado por todos".Así lo afirmó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable de política económica del PSOE, Octavio Granado en el Foro Nueva Economía a preguntas de La Vanguardia.
La edad real de jubilación se encuentra en 63,8 años de media, por debajo de la media europea a pesar de que tenemos la mayor esperanza de vida. Los incentivos que se han aplicado solo han logrado retrasarla en dos años.
Granado explicó que la reforma de las pensiones se afronta para resolver el problema demográfico, y se hace ahora porque estos cambios no son efectivos hasta 10 ó 15 años después. "Hemos vivido una realidad distorsionada porque se estaban jubilando las generaciones que vivieron la Guerra Civil y eso nos ha permitido dedicar todo el excedente a mejorar las pensiones. Ahora tenemos que hacer frente a una nueva situación derivada de la jubilación de los niños que nacieron en el "baby boom" entre 1958 y 1978".
Tal como explicó esta situación duplicará el número de pensionistas. "Ahora tenemos 8,5 millones de prestaciones y 20 millones de cotizantes, pero a partir de 2040 tendremos 15,5 millones ¿se imaginan cuántos cotizantes necesitaríamos?".
Ante esta situación dijo que solo caben dos soluciones. La primera es seguir reformando las pensiones públicas para hacer frente a estos cambios, como se ha hecho en los últimos 25 años. La segunda sería subir impuestos, pero esto no es posible porque habrá que pagar con impuestos el incremento de gasto en sanidad y dependencia que producirá la ley de dependencia.
Ante este panorama el secretario de Estado cerró la puerta a una posible bajada de cotizaciones sociales de las empresas a la Seguridad Social como reclama la CEOE en la reforma laboral. "No es posible una rebaja indiscriminada de cotizaciones. Tenemos que mantener los tipos actuales".
En su opinión para las empresas es más útil el sistema de aplazamientos para aquellas sociedades en dificultades. Granado desveló las líneas que se irán definiendo en el acuerdo del Pacto de Toledo. Según dijo, se arreglará la situación actual que discrimina a los trabajadores que pierden su trabajo en los últimos años de su vida laboral. Estos prejubilados ven reducida drásticamente la pensión porque el periodo de cómputo que se utiliza son los últimos 15 años de cotización. Explicó que representan entre un 2 y un 3% y se solucionará.
También dejó claro que las empresas que afronten expedientes de regulación de empleo tendrán que ser más activas en ayudar a sus trabajadores a encontrar un nuevo empleo. Esto supone modificar la situación actual que no incentiva que los prejubilados sigan trabajando.
El secretario de Estado abordó el polémico asunto del periodo de cómputo y afirmó que lo "razonable" sería una fórmula asumida por todos que garantice que la pensión sea "lo más correspondiente" con la aportación realizada por el trabajador. En este sentido descartó tajantemente que se vaya a utilizar como referencia toda la vida laboral. En estos momentos la cotización media de un trabajador es de 34 años y 7 meses.
También dejó claro que no se adoptará una sola medida, sino un conjunto de ellas. Por ejemplo, se aprobarán nuevos incentivos para alargar la edad de jubilación. Granado dejó absolutamente claro que el sistema público en este momento goza de buena salud, cosa que ha sido posible porque desde 1985 ha sufrido reformas constantes.
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